La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, aprobó por mayoría el dictamen que propone aplicar cadena perpetua a altos funcionarios que hayan cometido actos de corrupción contra la administración pública.
Se trata del proyecto legislativo 5134/2020- CR, presentado por Otto Guibovich (Acción Popular), que implica en dicha medida a funcionarios que estén dentro del artículo 99 de la Constitución, como el presidente de la República, ministros, congresistas, magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
También incluye a los miembros de la Junta Nacional de la Justicia (JNJ), vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del Pueblo, y al contralor general de la República.
Los delitos comprendidos que se puede observar en el artículo 2 de la propuesta legislativa son los siguientes:
«Constituye circunstancia agravante cuando el sujeto activo de los delitos contra la administración pública, tipificados en los artículos 384 (colusión simple y agravada), 387 primer y segundo párrafo (peculado doloso), 389 (malversación), 393 (cohecho pasivo propio), 394 (cohecho pasivo impropio), 399 (negociación incompatible), 400 último párrafo (tráfico de influencias), y 401 (enriquecimiento ilícito) del presente código, es un funcionario público, en cuyo caso la pena es de cadena perpetua».
