El proyecto de ley aprobado en el Congreso, en segunda votación, que entrega la investigación preliminar del delito a la Policía, introduce diversas reformas al Código Procesal Penal sobre el papel de los jueces, fiscales, abogados y peritos, complicando la investigación que terminará debilitando el seguimiento de cualquier delito.
Este proyecto pondrá en riesgo la integridad física de los agentes especialistas en interceptación telefónica, que hoy permanecen en el anonimato, a los que después podremos conocer junto con su rango, nombre entre otros datos personales, puesto que, el juez y el fiscal están en la obligación de poner los datos de dichos agentes.
Además, cambiará el tiempo de duración de las interceptaciones telefónicas, actualmente esta tarea se desarrolla en periodos de 60 días, se pueden prorrogar el tiempo que sea necesario para reunir las pruebas del delito. La nueva norma estipula un plazo de 60 días que solamente se puede extender una vez, o sea 120 días en total, siempre y cuando se encuentren elementos reveladores de dicho delito que justifiquen continuar con las escuchas legales.
