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sábado 15, febrero 2025

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Congreso empezará a legislar sobre seguridad, ante exigencia de autoridades de La Libertad

El primer punto que tendrá discusión prioritaria es el Proyecto de Ley 09085/2024-PE de Terrorismo Urbano, que endurece las penas a delincuentes que usen explosivos en sus actos delictivos. Asimismo, se abordará delitos de sicariato y extorsión.

Las exigencias de las autoridades de La Libertad para que se legisle urgentemente para frenar la violencia criminal en la región y el país, tuvieron eco: el presidente del Congreso de la nación, Eduardo Salhuana Cavides, anunció en sus redes sociales, que priorizarán leyes contra la delincuencia.

Debido a la zozobra diaria por las explosiones de dinamita a negocios extorsionados, el presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, César Acuña Peralta, pidió varias veces al Parlamento que atienda y solucione la grave crisis de inseguridad.

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Comunicado firmado por el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, donde se compromete a tomar acciones normativas contra la criminalidad. Foto: cortesía

El comunicado del presidente del Congreso enumera una seria de puntos que empezarán a agendarse como prioridad, siendo el primero la discusión prioritaria del Proyecto de Ley 09085/2024-PE de Terrorismo Urbano; para ello solicita a la Comisión de Justicia y las bancadas iniciar su debate al ser una iniciativa que enfrenta con severidad nuevas formas de delincuencia.

Como segundo punto está la propuesta de penas más severas para delitos de tenencia ilegal de armas, uso de explosivos, extorsión, sicariato, atentados contra medios de comunicación, transporte, asalto y robo, así como modificaciones al Código Procesal Penal para incorporar procesos sumarios e imponer penas severas para dichos delitos.

Además, se propone crear más Unidades de Flagrancia para rápida sanción a criminales; mesas de trabajo de los operadores de justicia con expertos en seguridad ciudadana para delinear estrategias contra el hampa, y visitas a regiones críticas en coordinación con las fuerzas del orden, fiscales y autoridades locales, para verificar el cumplimiento políticas y legislación sobre seguridad y orden interno.

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