El Congreso de la República declará improcedente la pensión vitalicia solicitada por la expresidenta Dina Boluarte, frenando así su intento de recibir una remuneración de por vida poco después de dejar el cargo. La decisión legislativa se basa en que Boluarte no cumplió con los requisitos legales para acceder al beneficio, ya que no fue elegida por voto popular y asumió la Presidencia por sucesión, además de haber sido vacada por “incapacidad moral permanente” en octubre de 2025.
La exmandataria había iniciado el trámite apenas diez días después de su vacancia, enviando un documento al presidente del Congreso para activar el pago vitalicio y otros beneficios como exjefa de Estado, incluyendo acceso a vehículo oficial, personal de seguridad y asesoría.
Especialistas y sectores políticos habían señalado que la decisión final sobre la pensión dependía de la interpretación congresal de la Ley 26519 y del Acuerdo de Mesa Directiva sobre beneficios para expresidentes, generando un intenso debate sobre la legalidad y la moralidad de otorgar beneficios a una figura que dejó el cargo bajo un proceso de vacancia.
La negativa del Parlamento marca un precedente en el tratamiento de pensiones a expresidentes vacados, en medio de un contexto de escrutinio público y cuestionamientos a la gestión de Boluarte, cuyo gobierno fue objeto de múltiples controversias y baja aprobación ciudadana hasta su salida del poder.
