El titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, promulgó la cuestionada norma que restringe la competencia de la justicia ordinaria sobre policías y militares, ordenando que sean procesados exclusivamente por el fuero militar policial. La medida, calificada por sus detractores como una «ley de impunidad», se concretó luego de que el mandatario José Balcázar decidiera no promulgar ni observar la autógrafa de ley dentro del plazo constitucional fijado.
La promulgación provocó el rechazo de sectores de oposición, como la legisladora Ruth Luque, quien alertó que la norma distorsiona el concepto de delito de función para dejar impunes ilícitos cometidos por agentes estatales. Con esta modificación, toda conducta irregular realizada durante estados de emergencia o en operativos de control e inteligencia pasará a ser juzgada por tribunales militares, excluyéndola del sistema civil.
