El consejero regional de La Libertad, Abner José Ávalos Villacorta, fue condenado por el delito de cohecho pasivo impropio, tras aceptar una coima de S/ 5,000. La sentencia se resolvió mediante el mecanismo de terminación anticipada, solicitado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, representada por el fiscal César Gustavo Espínola Carrillo.
La pena impuesta consiste en cinco años de prisión, suspendida por cuatro años, lo que significa que Ávalos no irá a prisión de inmediato, pero debe cumplir con ciertas condiciones durante este período. Además, se le impuso una inhabilitación para ejercer funciones o cargos públicos, una multa de S/ 12,165.45 a favor del Tesoro Público, y una reparación civil de S/ 20,000 al Estado. El fallo judicial es firme y no puede ser apelado ni modificado.
El delito de cohecho pasivo impropio se refiere a la aceptación de un donativo, promesa o ventaja indebida por parte de un funcionario público para realizar un acto relacionado con su cargo. En este caso, Ávalos aceptó un soborno para influir en decisiones dentro de su labor pública.
La decisión judicial ha generado controversia. El abogado Alfredo Manuel Galindo Peraltacriticó la sentencia, señalando que la pena suspendida envía un mal mensaje y facilita que los involucrados en actos de corrupción eviten la cárcel. Según Galindo, esto refleja las debilidades en la lucha contra la corrupción y perdió una oportunidad para profundizar en las investigaciones, ya que es difícil creer que Ávalos haya actuado solo.
Este caso establece un precedente importante en la lucha contra la corrupción en la región de La Libertad, pero también deja abierta la discusión sobre la efectividad de las penas suspendidas en casos de corrupción.