
La Contraloría General identificó cerca de 3547 funcionarios y servidores públicos con algún tipo de responsabilidad penal, civil y/o administrativa por presuntos actos de corrupción e inconductas funcionales en lo que va del 2021.
De acuerdo al contralor Nelson Shack algunas de estas personas tienen más de un tipo de responsabilidad, quienes serán reportadas por la Procuraduría Pública ante el Poder Judicial o Ministerio Público.
Asimismo, la Contraloría General podrían inhabilitarlos para ejercer la función pública hasta por cinco años, a quienes cometieron infracciones administrativas graves o muy graves, recién a partir del 21 de julio del 2021, fecha en que entró en vigencia la Ley N.º 31288.
Estas acciones serán paralelamente a los procesos legales que enfrentarán los funcionarios y servidores públicos en materia civil y penal por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial, como resultado de los informes de control emitidos en los servicios de control posterior.