La Contraloría General de la República identificó que 1183 funcionarios y servidores públicos tienen presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en diversos hechos irregulares encontrados en los servicios de control posterior realizados en lo que va de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, lo que generó un perjuicio económico contra el Estado valorizado fue de S/ 132 311 360.87.
Del grupo de 1183 funcionarios en falta, 1147 tienen responsabilidad administrativa, 397 tienen responsabilidad civil y 446 tienen responsabilidad penal. Además, de alertarse más de 26 800 hechos de presunta irregularidad, de los cuales un tercio (8960) no han sido mitigados en el plazo de tres meses.
Caso Vacunagate
Por otro lado, el titular de la Contraloría General, Nelson Shack señaló que en el caso de vacunación irregular de funcionarios públicos contra la COVID-19, conocido como Vacunagate, se ha identificado que más de 70 funcionarios públicos están involucrados en estos hechos, los cuales originaron su vacunación irregular e inclusive de algunos de sus familiares.
Detalló que estos funcionarios pertenecen a entidades públicas como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Instituto Nacional de Salud, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto y el Ministerio de Salud (Minsa).