Contrataciones en el MIMP bajo la lupa por vínculos con afiliados de Somos Perú

Al menos 12 militantes del partido accedieron a órdenes de servicio en el Ministerio de la Mujer, varios sin experiencia previa en el Estado.

Las contrataciones realizadas en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) quedaron bajo cuestionamiento tras detectarse que al menos 12 afiliados del partido Somos Perú obtuvieron órdenes de servicio dentro de esta cartera. Los casos se producen mientras el ministerio es dirigido por Sandra Gutiérrez Cuba, también integrante de dicha agrupación política, y varios de los contratados mantienen vínculos cercanos con la dirigencia partidaria y con el eje principal, Patricia Li, presidenta de Somos Perú.

La revisión de las órdenes de servicio evidencia que diversos militantes fueron contratados para labores administrativas, de monitoreo y apoyo técnico, en algunos casos sin trayectoria previa en la administración pública. Las contrataciones se realizaron mediante órdenes de servicio, un mecanismo permitido por la normativa vigente, pero que no requiere concurso público ni evaluación comparativa de méritos.

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Entre los casos identificados figuran Jean Paul Sosa Luispe y Carlos Huamán Zamudio, afiliados a Somos Perú que accedieron a órdenes de servicio pese a no contar con Registro Nacional de Proveedores vigente al momento de la contratación o haberlo regularizado días antes. También aparecen Luis Antonio Calderón Tang y Lizette Zamora Valencia, quienes obtuvieron contratos tras la llegada del partido al Ejecutivo y evitaron brindar detalles sobre sus funciones o el proceso de selección.

Los afiliados contratados mantienen cercanía política con Patricia Li, presidenta de Somos Perú, quien los presenta públicamente como parte de su equipo en actividades partidarias. Consultada por estos casos, Li negó haber recomendado a alguno de los militantes y sostuvo que las decisiones corresponden exclusivamente al ministerio, aunque reconoció que numerosos afiliados la llaman “madre”. Especialistas en contratación pública advirtieron que contratar proveedores no habilitados constituye una irregularidad administrativa y cuestionaron la aplicación de criterios de meritocracia en estos procesos.

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