
Luego de que el candidato presidencial Pedro Castillo indicó que desactivaría la Defensoría del Pueblo, aunque hoy se ha retractado, la institución emitió un comunicado asegurando que ellos actúan con independencia desde hace 25 años y «cualquier modificación de su mandato le correspondería únicamente al Congreso».
«La Defensoría del Pueblo no depende de ningún poder del Estado y actúa con total independencia. Cualquier modificación de su mandato constitucional le correspondería únicamente al Congreso de la Republica por medio de una reforma constitucional», sostienen.
En el mismo documento, manifiestan que «también son parte del sistema internacional y regional de protección de los derechos humanos, en la medida que ostenta rango consultivo “A” ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y es punto de referencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos».
Finalmente, exhortaron a los candidatos presidenciales un «compromiso real con su fortalecimiento, empezando por el respeto de su autonomía, sus competencias constitucionales, el deber de cooperación que tienen todas las instituciones públicas; y, desde luego, su agenda de trabajo que ubica a los más vulnerables en el centro de su atención».