Madre de familia denunció a dos jueces por presuntamente favorecer al demandado en un proceso de alimentos que inició en 2024 contra el padre de sus dos menores hijas, ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, debido al incumplimiento de la pensión alimentaria.
La demandante con iniciales C.K.C.U precisó que el caso fue tomado por el juez Roque Iván Ortiz Manzanedo, quien acusó de no desarrollar un adecuado proceso legal y de mostrar una postura a favor del demandado.
“Tuve un primer problema con el juez que me negó oficiar una diligencia que básicamente la tenía que hacer el juzgado. Me dijo que él no podía oficiar al sistema financiero, pese a ver una ley vigente”, indicó al medio digital Macronorte.pe
Ante esta negativa, pese a presentar una queja por presunto mal desempeño funcional, esta fue archivada bajo el argumento de carga procesal.
“Yo lo quejé, pasaron las vacaciones de la corte y finalmente el juez accede a oficiar a los bancos. Mi queja la archivaron y se sustentaron en la abundancia de procesos que tenían. En realidad, esas quejas entre ellos siempre se tratan de cubrir”, aseveró la denunciante.
El proceso continuó su curso y el 29 de enero se notificó que la sentencia ya estaba lista, sin embargo, el 12 de marzo se enteró que el juez había sido designado a otro juzgado y en su reemplazo colocaron a la jueza Sofía Dávalos Cosavalente.
Durante un inicio, el proceso se manejó de forma rápida por parte de la magistrada quien asumió el mismo día, sentenció su caso y subió la resolución de sentencia al día siguiente; sin embargo, la mujer resaltó que el su caso es complejo porque contiene bastante información que debió ser evaluada por la jueza Dávalos quien recién iba a llevar el caso.
La mujer asegura que el actuar de la jueza sería irregular y que dicha sentencia afecta los derechos de sus dos menores hijas, ya que la sentencia se subió el día 13 y ella había entrado para subirlo al otro día, pero con resolución con fecha 12 de marzo.
La mujer sostiene que la resolución no estaría debidamente motivada ni habría valorado todos los medios probatorios, especialmente aquellos relacionados a la capacidad económica del demandado, quien sería un próspero empresario y abogado contando con muchos bienes.
Ante ello, el pasado 17 de marzo, la afectada presentó una nueva queja ante el Órgano de Control de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, al considerar que la sentencia vulnera los derechos de sus menores hijas.
