La ex primera ministra Mirtha Vásquez, Indira Huilca y Jaime Quito presentaron una denuncia constitucional contra el senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, en la que solicitan su inhabilitación por diez años para ejercer funciones públicas. La acusación gira en torno a presuntas presiones contra magistrados del Poder Judicial.
Según los denunciantes, Rospigliosi habría impulsado acciones disciplinarias contra jueces que decidieron inaplicar determinadas normas sobre prescripción de delitos de lesa humanidad y amnistía. Consideran que estas actuaciones podrían afectar la independencia judicial y buscan que se evalúe su responsabilidad constitucional.
La controversia tiene como antecedente las denuncias que el parlamentario presentó ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra magistrados, entre ellos los integrantes de una sala que resolvió un caso relacionado con los hechos ocurridos en el penal Castro Castro en 1992. Rospigliosi sostiene que los jueces deben aplicar las leyes vigentes y ha defendido sus acciones bajo el argumento de un presunto incumplimiento de la normativa.
La denuncia constitucional deberá pasar por las instancias parlamentarias correspondientes antes de que pueda determinarse alguna responsabilidad o sanción. Por el momento, el pedido de inhabilitación no representa una decisión aprobada contra el legislador.
