el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ejecutó en las últimas horas dos operativos que culminaron con la detención de nueve efectivos de la Policía Nacional del Perú, acusados de presuntos delitos de concusión y cohecho en Lima y la región Moquegua.
El primer operativo fue realizado por la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte, que ejecutó allanamientos y detenciones simultáneas contra seis policías, entre ellos un coronel y un alférez, por el presunto delito de concusión. Las diligencias se desarrollaron en los distritos de Surquillo, Chaclacayo, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Chorrillos, El Agustino y Los Olivos.
Según la investigación fiscal, los agentes habrían intervenido de manera irregular a dos ciudadanos en el distrito de Lurín, a quienes presuntamente intentaron sembrarles droga para luego exigirles el pago de S/ 3 000 a cambio de dejarlos en libertad.
Entre los detenidos figuran el coronel Mervin Sánchez, de la División de Fronteras; el alférez Junior Mauricio, de la comisaría de Chaclacayo; así como los suboficiales Henry Ordoñez, Williams García, Marcelo Benavides y Gerson León, vinculados al Depincri de San Martín de Porres. Durante el operativo, la Fiscalía incautó teléfonos celulares, laptops, memorias USB, droga y vehículos, presuntamente utilizados en la intervención irregular.
En un segundo caso, otros tres efectivos policiales fueron detenidos ayer en la provincia de Ilo, región Moquegua, por el presunto delito de cohecho. De acuerdo con el Ministerio Público, los agentes habrían exigido una coima de S/ 2 000 a un chofer intervenido en estado de ebriedad, a cambio de no imponerle la sanción correspondiente.
Los detenidos fueron identificados como el teniente Eduardo Chaiña, el suboficial superior Mario Coapaza y el suboficial Carlos Miranda, todos ellos en servicio en la comisaría de Ciudad Nueva. Según la investigación fiscal, el dinero habría sido cobrado mediante la aplicación Yape.
El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan en ambos casos para determinar las responsabilidades penales correspondientes, reafirmando su compromiso de combatir frontalmente la corrupción y sancionar cualquier conducta ilícita dentro de las entidades públicas.
