En menos de un año de gestión, la presidenta Dina Boluarte, enfrenta un revés en su promesa de transparencia. De lo 36 ministros que han jurado desde diciembre del 2022, el 25 % se encuentra bajo investigación.
Cuatro integrantes del actual gabinete, encabezado por Alberto Otárola, están siendo examinados por el Ministerio Público y otros 5 exministros, a pesar de haber sido destituidos, siguen siendo objeto de indagaciones.
El caso más reciente es el del Ministro de Justica, Eduardo Arana Ysa, investigado por presunto tráfico de influencias y cohecho activo. También bajo la lupa se encuentran los ministros Vicente Romero ministro del Interior y Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa, vinculados a las investigaciones sobre las muertes durante las protestas tras la vacancia de Pedro Castillo y la asunción de Boluarte.
Además, la mandataria enfrenta cargos de asesinatos, lesiones y genocidios por las muertes ocurridas en las protestas contra su gobierno. Varios exministros también están siendo investigados por su posible implicació en estos trágicos sucesos, entre ellos, Pedro Angulo, Víctor Rojas Herrera, César Cervantes, Antonio Varela Bohórquez y Alfondo Adrianzén.
Antonio Varela Bohórquez (Trabajo) es investigado por presunto plagio en su tesis doctoral, mientras que Alfonso Adrianzén (Trabajo) enfrenta un escándalo por el pago de S/. 41 millones en EsSalud a la empresa Aiona Technology Corporation SAC. Ambos casos subrayan la complejidad y desafíos que enfrenta el gobierno de Boluarte en términos de transparencia y probidad en su equipo ministerial.