La vicepresidenta Dina Boluarte se encuentra en la cuerda floja y habría podido cometer una infracción constitucional, que según un informe de la Contraloría ocurrió cuando firmó documentos de una asociación privada de Apurímac cuando ya estaba ejerciendo de titular del Ministerio Desarrollo e Inclusión Social.
«La fiscalizada durante el periodo del ejercicio del cargo de Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo, lo cual resultaría incompatible con su cargo de Ministra de Estado; por lo que, existiría una presunta infracción del artículo 126°de la Constitución Política del Perú, norma cuya supremacía se reconoce en el artículo 51 de la misma Carta magna», expresó el ente de control.
En su informe, la Contraloría resaltó que «Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
Boluarte deberá someterse a una acusación constitucional en el Congreso que puede llevar a que sea destituido de su cargo de ministra, más no del de vicepresidenta.
