El actual sistema penitenciario peruano sufre un evidente colapso estructural, ya que el ingreso mensual de reclusos supera con gran amplitud a las liberaciones registradas. Cada interno genera un costo aproximado de S/20 diarios al Estado para cubrir mantenimiento, aunque en la dura práctica diaria son las propias familias quienes terminan asumiendo los gastos básicos urgentes.
Frente a esta realidad insostenible, el Ministerio de Justicia evalúa liberar a quienes cometieron delitos menores o presentan omisión de asistencia familiar. Diversos especialistas recomiendan aplicar medidas alternativas para estas faltas específicas, buscando reservar el estricto encarcelamiento exclusivamente para aquellos criminales de alta peligrosidad involucrados en sicariato, extorsión, graves violaciones y el letal crimen organizado.
