Exgerente de educación denuncia a consejera regional por uso indebido de personal del estado

Martín Camacho presentó denuncia penal contra la consejera Tania Carranza por presunto peculado y malversación de fondos públicos.

El exgerente regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho Paz, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción contra la consejera regional, Tania Lorena Carranza Blas, a quien acusa de haber utilizado personal y recursos del Estado para fines particulares. La denuncia, ingresada el 28 de octubre, detalla presuntos delitos de peculado agravado y malversación de fondos públicos, previstos en los artículos 387 y 389 del Código Penal.

Según el documento, Carranza habría dispuesto que un chofer contratado por el Gobierno Regional de La Libertad con dinero público realizara actividades privadas en su beneficio. El hecho habría ocurrido el 27 de marzo de 2025, cuando el conductor Andrés Alberto Angulo Álvarez, bajo contrato vigente con la entidad regional, fue captado manejando una camioneta de placa TEG-819, vehículo de propiedad personal de la consejera.

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Camacho asegura que este acto constituye un uso indebido de recursos humanos y materiales del Estado, lo que afecta el principio de probidad en la función pública. Como sustento, presentó una orden de servicio y un reportaje periodístico de Noticias Trujillo, donde se evidencian imágenes y testimonios que confirman el uso irregular del chofer durante su jornada laboral.

El exfuncionario también señala que la consejera negó los hechos en medios locales, afirmando que el conductor era de su “servicio personal”, argumento que se contradice con los registros oficiales. “No podemos normalizar el uso de trabajadores del Estado para fines privados mientras miles de estudiantes carecen de servicios básicos”, expresó Camacho en el documento presentado a la Fiscalía.

El caso fue remitido a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que deberá determinar si se abre investigación formal. De comprobarse los hechos, Carranza podría enfrentar penas de hasta 12 años de prisión por peculado agravado, además de sanciones administrativas por uso irregular de recursos públicos.

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