Las presuntas irregularidades en la gestión de Efraín Bueno continúan saliendo a la luz. Luego que la Unidad de Investigación de N60 revelara que el “amigo con suerte” del alcalde Efraín Bueno Alva había obtenido varios contratos a través de órdenes de servicios en la Municipalidad Distrital de Huanchaco, durante los años 2023 y 2024, por un monto superior a los 180 mil soles; ahora sale al descubierto que familiares de Eduardo “Lalo” Loayza Carranza, trabajan en la comuna huanchaquera, fortaleciendo los lazos de cercanía y amistad que existen entre la autoridad edil y el proveedor del Estado.
Nos referimos a Úrsula del Socorro Loayza Alvarado, hija de “Lalo” Loayza, quien ha trabajado bajo la modalidad de locación de servicios en la gestión de Efraín Bueno, específicamente como asistente administrativo en la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Según la revisión realizada por la Unidad de Investigación de N60, en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, Úrsula Loayza facturó 18 mil soles en el año 2023.
Además, desde el año 2024, Efraín Bueno designó en el cargo de Subgerente de Estudios y Proyectos de la Municipalidad de Huanchaco al ing. Martín Jorge Loayza Carranza, hermano de “Lalo” Loayza. Realizamos la búsqueda en el portal web de esta comuna distrital, sin embargo, no tienen actualizada la información de sus funcionarios. Pese a ello, corroboramos que Martín Loayza ha firmado diferentes informes sobre proyectos de obras que la municipalidad está próxima a ejecutar.
Al parecer, “Lalo” Loayza habría ejercido bastante influencia en Efraín Bueno, y debido a su estrecha amistad que no es un secreto en el tradicional balneario, para que sus familiares ingresen a laborar a la Municipalidad de Huanchaco.
Nos preguntamos, ¿los regidores de Huanchaco estarán realizando eficientemente su labor de fiscalización luego que N60 destapara una serie de presuntas irregularidades y malos manejos en la gestión que dirige el alcalde Efraín Bueno Alva?
Tendría implicancia penal
Para el abogado y exfiscal Alfredo Galindo, en diálogo con N60 Noticias, estos hechos podrían configurar el presunto delito de tráfico de influencias, algo que la Oficina de Control Interno (OCI) de la municipalidad y el Ministerio Público deberían investigar.
«Habría un delito de tráfico de influencias porque el vínculo familiar que tiene con dos trabajadores, eso le facilita a él obtener contratos. El alcalde y este señor tendrían responsabilidad. Incluso este tipo de actos son indicios de algo más, como negociación incompatible, hasta cohecho», sostuvo.
«OCI tendría que actuar de oficio porque es su obligación y poner en conocimiento del Ministerio Público para que investigue, ningún funcionario público está libre de ser investigado. La Fiscalía de Oficio también puede intervenir y cualquier ciudadano puede denunciar este hecho de tráfico de influencias», añadió.