El candidato presidencial por el Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, se ratificó en sus declaraciones contra el partido Alianza para el Progreso, al que calificó como una “organización criminal” que, según afirmó, debe explicar el origen de su financiamiento.
Olivera sostuvo que dicha agrupación política mantiene presuntos vínculos con la familia Sánchez Paredes, a quienes señaló como narcotraficantes que habrían evitado condenas gracias a su poder económico. En ese contexto, cuestionó la presencia de estas actividades en la región La Libertad.
Asimismo, denunció supuestos actos de presión dentro de instituciones vinculadas al partido, como la asistencia obligatoria a mítines bajo amenaza de despido o desaprobación académica. También acusó una presunta captura de entidades del Estado, mencionando al Ministerio de Salud, EsSalud y el Gobierno Regional de La Libertad.
En materia de seguridad, el candidato aseguró que existe una situación de impunidad en ciudades como Trujillo, afectadas por el sicariato y la violencia.
Finalmente, Olivera propuso que, tras el 28 de julio, se impida la salida del país a diversas autoridades, incluyendo gobernadores regionales, congresistas y expresidentes, mientras se desarrollan investigaciones bajo un nuevo sistema de justicia con participación ciudadana.
