
El Congreso de Perú ha intentado modificar la Ley de Extinción de Dominio en varias ocasiones, y recientemente se ha propuesto un proyecto de ley que genera preocupación, especialmente entre las autoridades de justicia. La Fiscal de la Nación ha advertido sobre los riesgos que esta modificación representa, tanto para la efectividad de la lucha contra la corrupción como contra el crimen organizado.
A través de la cuenta de TikTok del Ministerio Publico, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, emitió un pronunciamiento donde advirtió que el Congreso pretende excluir de la ley de extinción de dominio los bienes ilícitos relacionados con delitos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado y delitos medioambientales.
“En el Congreso se quiere aprobar un proyecto de Ley que apunta a que retrocedamos en nuestra misisón de investigar y perseguir el delito…pero así, como nos pronunciamos en su debido momento por el retorno de la detención preliminar, hoy nos pronunciamos de manera firme contra las modificaciones que pretender eliminar la efectividad del decreto legislativo 1373”, advirtió en su mensaje.
Los cambios propuestos buscan excluir de la ley los bienes ilícitos relacionados con delitos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado y delitos medioambientales, limitar la incautación de bienes sólo cuando exista una sentencia firme, lo que permitiría a los criminales evadir la justicia mediante testaferros o la transferencia de bienes y establecer una prescripción de cinco años, lo que significaría que los bienes ilícitos podrían quedar fuera del alcance de la ley después de este tiempo.
La fiscal también destacó que, gracias a la aplicación de esta ley, el país ha logrado recuperar más de 560 millones de soles en bienes y dinero ilícito hasta el momento. Además, advirtió que esta modificación podría afectar a más de 5,500 casos en curso, y que la demanda ante el Tribunal Constitucional podría tener implicaciones graves si se declara infundada.
¿Qué es la ley de extinción de dominio?
La Ley de Extinción de Dominio, es un instrumento legal que permite al Estado incautar bienes de origen o destino ilícito. Esta norma ha sido fundamental en la lucha contra el patrimonio ilegal ya que permite confiscar bienes de personas o empresas cuyos propietarios no puedan demostrar el origen lícito de sus recursos.
Pese a esto, no es la primera vez que se intenta modificar esta ley, en diciembre de 2024, el Congreso aprobó en primera votación un proyecto de ley que condiciona la extinción de dominio a la existencia de una sentencia penal firme. Esta modificación fue rechazada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Procuraduría General del Estado y la Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio, quienes advirtieron que tal cambio podría beneficiar a organizaciones criminales y a algunos políticos que estaban viéndose amenazados
Además, que más de 5,000 procesos relacionados con actos de corrupción y otros delitos quedarían en la impunidad si se aprueba la reforma propuesta.