La Fiscalía abrió una nueva línea de investigación contra funcionarios de la ONPE por un presunto direccionamiento en la contratación de la empresa Galaga, encargada del traslado de material electoral por más de seis millones de soles.
Según la tesis fiscal, trabajadores de la entidad electoral habrían concertado con la citada empresa para favorecerla durante el proceso de selección. Las sospechas apuntan a que las irregularidades se habrían iniciado desde la elaboración de los términos de referencia y los criterios de evaluación.
Para el Ministerio Público, estos hechos podrían configurar los delitos de colusión agravada, delito electoral y omisión de funciones. La investigación busca determinar si existieron ventajas indebidas para el proveedor en una contratación clave durante las elecciones generales.
Como parte de las diligencias, fiscales anticorrupción realizaron allanamientos en viviendas de funcionarios y exfuncionarios vinculados al caso. Las pesquisas continúan mientras se analiza documentación, equipos electrónicos y comunicaciones que podrían esclarecer las presuntas responsabilidades.
