La Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra y otros altos funcionarios ante el Congreso de la República. La acusación incluye a Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
Los denunciados son señalados como presuntos autores de los delitos de lesiones leves y graves en agravio de ciudadanos como Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otros, durante las protestas sociales registradas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. Los hechos ocurrieron en regiones como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y en Lima Metropolitana.
Según el comunicado oficial de la Fiscalía, se identificaron 75 víctimas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Estas acciones habrían sido de pleno conocimiento de los funcionarios denunciados en sus respectivos cargos durante el periodo señalado.
