El Ministerio Públicos formalizó la investigación preparatoria con el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán y otros presuntos cómplices por los delitos de colusión agravada, peculado agravado, negociación incompatible y falsedad ideológica. Las causas penales son la compra de barreras “antihuaicos” y la contratación de cuatro personas en la comuna provincial.
El caso de colusión agravada está en la carpeta fiscal 419-2024, con fecha 9 de abril de 2025 y a cargo del fiscal Jairo Roldán Álvarez. Aquí se investiga la compra de 6 mil barreras “antihuaicos” de plástico por un monto de S/. 3 millones 300 mil, las que deberían usarse en el marco del Fenómeno de El Niño en 2024, pero que se adquirieron en 2023 sin respetar la normativa legal vigente para las contrataciones del Estado.
En efecto, el Ministerio Público señala que el 3 de noviembre de 2023 Fernández Bazán presentó ante los periodistas al representante de la empresa Perú Ferias e Inversiones SAC, Víctor Alexis Marquina Forttini anunciando que le compraría las barreras “de forma inmediata”, las que se entregaron el 13 de noviembre de 2023.
En el expediente fiscal se anota que “la justificación de la urgente necesidad de la adquisición en el mes de noviembre de 2023 era que en los meses de verano (año 2024) iban a producirse lluvias, lo cual evidentemente no justifica una situación de urgencia o necesidad apremiante. (…) en la justificación del área usuaria (Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil) no se encuentra ningún sustento técnico que permita afirmar que técnicamente las barreras canalizadoras sirven para contrarrestar los posibles efectos del fenómeno El Niño en la ciudad de Trujillo”.
Sin embargo, el 21 de noviembre de 2023 se aprobó la Contratación Directa N° 04-2023-MPT, por la cual la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) adquiría las barreras, cuando ya se había presentado a quién se iba a comprarlas. Justamente, entre los coacusados está Silvia Vásquez Saldaña (exsubgerenta de Abastecimiento), quien según el fiscal se coludió para entregar la buena pro a Víctor Marquina Forttini. Vásquez simuló un estudio de mercado para evitar que se conozca que ya se había acordado que el ganador sería la empresa Perú Ferias e Inversiones SAC.
Otros imputados de este caso son el asesor jurídico de la MPT, Luis Gutiérrez Gonzales; el titular de la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil, Lucio Rosario Martell, quien emitió el informe para evaluar la compra de las barreras, y el representante de Perú Ferias e Inversiones SAC, Víctor Marquina Forttini, quien se coludió con los funcionarios ediles.
SEGUNDA INVESTIGACIÓN PENAL
La otra denuncia contra Arturo Fernández y exfuncionarios ediles es por el delito de peculado doloso, por haber contratado irregularmente a cuatro personas en la comuna para seguridad personal del exburgomaestre. La causa se ve en el 8° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del juez Martín Ramírez Sáenz.
La carpeta fiscal es la 118-2024 y dispuso la formalización de investigación preparatoria el 2 de abril de 2025, también a cargo del fiscal Jairo Roldán. En este caso se hallan implicados también el exgerente de Seguridad Ciudadana de la MPT, Eduardo Liu Palacios y la exsubgerenta de Abastecimiento, Silvia Vásquez Saldaña.
El 6 de septiembre de 2023 la Policía le retira los efectivos de seguridad a Fernández, quien al día siguiente nombra en el cargo señalado a Lui, el cual a través de grupos de wasap que mantenía con personas que brindan protección, requirió para hagan dicha labor con el entonces alcalde Fernández.
Los contactados fueron Hugo Andrés Chávarry Pizango, Heberth Wilfredo Concha Cano, Alejandro Santiago Pérez Bermúdez y Alan Sucapuica Camasita, quienes iniciaron sus labores el 10 de septiembre de 2023. Para incorporarlos a la MPT, la Gerencia de Seguridad Ciudadana formuló cuatro solicitudes de contratación: las 887-2023-MPT/GSC, 888-2023-MPT/GSC, 889-2023-MPT/GSC y 890-2023-MPT/GSC, todas de fecha 22 de septiembre de 2023.
“(…) los cuatro requerimientos fueron formulados de manera independiente y por separado, es decir en cada requerimiento se solicitaba la contratación de una persona, sin embargo, el servicio era el mismo (…), por lo que la explicación para esto es que decidieron fraccionar la contratación con el objeto de evadir un proceso de selección”, señala el Ministerio Público. Añade que esta ilegal contratación generó un perjuicio de S/. 58 mil 500 a la comuna trujillana.