El fiscal José Domingo Pérez ordenó la devolución de los celulares del expresidente Alan García incautados durante la diligencia fiscal del 17 de abril de 2019, que terminó con su suicidio. La entrega se produjo el 9 de septiembre de 2025 tras constatarse que no se pudo acceder a la totalidad del contenido de los equipos por falta de software especializado.
Los aparatos móviles formaban parte de los elementos probatorios en las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción relacionados con la Línea 1 del Metro de Lima y los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur. El Ministerio Público consideraba que los celulares podían contener comunicaciones relevantes con otros investigados.
El Ministerio Público sostuvo que los celulares habían sido usados por el exjefe del Estado en vida y que podían contener información clave para esclarecer hechos delictivos presuntamente cometidos por otros investigados. Entre ellos, Luis Nava Guibert, quien declaró ante la fiscalía sobre supuestos aportes de Odebrecht a la campaña presidencial de 2006.