El Ministerio Público ha solicitado una condena de 5 años y 4 meses de prisión contra la jueza superior María Vidal La Rosa Sánchez, expresidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima y figura vinculada al investigado presentador de televisión Andrés Hurtado. La acusación, formulada por el fiscal supremo Juan Carlos Villena, le imputa el delito de nombramiento ilegal de cargo tras haber designado en dos oportunidades a la asistente Cinthia Erika Paucar Boza como jueza supernumeraria, pese a que no contaba con la habilitación profesional ni la experiencia mínima exigida por la Ley de la Carrera Judicial.
De acuerdo con el expediente, Vidal La Rosa Sánchez nombró a Paucar Boza por primera vez en marzo de 2023, cuando la abogada apenas registraba nueve meses de colegiatura. Aunque esta designación concluyó a inicios de 2024 por baja productividad, la expresidenta de la Corte volvió a nombrarla de manera irregular apenas un mes después. El requerimiento fiscal resalta un hecho sumamente controversial que evidencia el conflicto de intereses: fue precisamente Paucar Boza quien, en octubre de 2024, emitió un fallo a favor de Vidal, admitiendo una medida cautelar que anulaba provisionalmente su suspensión del cargo ordenada por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.
Además de la pena privativa de la libertad solicitada para ambas procesadas, calculada en 2 años y 8 meses por cada nombramiento ilegal, la Fiscalía Suprema exige el pago de 160 días-multa y cinco años de inhabilitación absoluta para ejercer la función pública. Si bien Vidal afronta investigaciones paralelas por presunto tráfico de influencias junto a ‘Chibolín’ en la alteración de otros procesos judiciales, esta acusación formal se centra exclusivamente en el favorecimiento indebido y sistemático a la magistrada Paucar Boza.
