El parlamentario Esdras Medina Minaya, de Renovación Popular, presentó una iniciativa legislativa que busca sancionar el fraude electoral como delito de traición a la patria. La propuesta plantea modificar el Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones para endurecer las penas contra quienes alteren la voluntad popular en un proceso electoral.
El proyecto fue registrado como Proyecto de Ley N.° 14657/2025-CR y propone incorporar el artículo 325-A al Código Penal. Según el planteamiento, el fraude electoral debería ser considerado una afectación grave al orden democrático y a la soberanía popular, por lo que recibiría una sanción penal mucho más severa que la actualmente contemplada para delitos vinculados a irregularidades electorales.
De acuerdo con la iniciativa, quienes incurran en actos destinados a manipular los resultados de una elección podrían recibir penas de entre 15 y 25 años de prisión. El texto menciona acciones como falsificación, alteración, ocultamiento, supresión, manipulación o sustitución de actas electorales, padrones, resultados, sistemas de cómputo, transmisión de datos u otros mecanismos relacionados con el proceso electoral.
La propuesta también contempla una pena mayor cuando la adulteración de los resultados genere consecuencias directas en la elección. En esos casos, la sanción podría elevarse a un rango de entre 20 y 30 años de cárcel si la manipulación permite proclamar indebidamente a un candidato u organización política, impide determinar correctamente los resultados o afecta gravemente la soberanía popular.
Otro punto clave del proyecto apunta directamente a los organismos electorales. La iniciativa plantea agravantes cuando el delito sea cometido por funcionarios o trabajadores del JNE o de la ONPE. En esos casos, la pena podría incrementarse en un tercio por encima del máximo legal previsto, además de aplicarse la inhabilitación correspondiente.
El documento también incluye sanciones por omisión para servidores de entidades electorales que, pese a tener conocimiento de actos irregulares, no actúen conforme a sus funciones. Para estos casos, se propone una pena de entre cuatro y ocho años de prisión, además de inhabilitación de cinco a diez años.
La iniciativa surge en medio de un escenario político marcado por cuestionamientos y tensiones alrededor de los procesos electorales. Desde Renovación Popular sostienen que las sanciones actuales no serían suficientes frente a conductas que puedan alterar la expresión del voto ciudadano.
En caso de ser aprobada, la propuesta establece que el Poder Ejecutivo tendría un plazo de 60 días calendario para adecuar la normativa necesaria para su implementación. Sin embargo, antes deberá pasar por las comisiones correspondientes y ser debatida por las bancadas del Poder Legislativo, donde se definirá si el fraude electoral puede ser incorporado como una figura penal equivalente a la traición a la patria.
