Fuerza Popular se ha convertido en la única agrupación política en utilizar la figura de «aportes confidenciales» para financiar su campaña electoral de este año. A través de este mecanismo, habilitado por la reciente Ley N.° 32254, el partido logró recaudar S/ 2,135,684 mediante cuentas especiales administradas por el Banco de la Nación. Esta millonaria suma, que ingresó a sus arcas en plena segunda vuelta presidencial a través de 18 depósitos entre abril y junio, representa el 50.57 % de la totalidad de los ingresos que la agrupación ha reportado oficialmente ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La controversial normativa, plasmada en el artículo 30-C de la nueva Ley de Organizaciones Políticas y publicada a inicios de 2025, permite que personas naturales o empresas depositen altas sumas de dinero sin revelar su identidad. En la práctica, la entidad estatal notifica al partido sobre los abonos, como los ingresos registrados de hasta S/ 429,974 y S/ 399,976 en un solo día, pero mantiene en estricta reserva el nombre del aportante. Según advierten especialistas en derecho electoral, este velo de protección legal impide que la ONPE fiscalice adecuadamente, abriendo un preocupante riesgo para que fondos de origen informal financien las campañas.
El complejo camino legislativo para aprobar este cuestionado mecanismo estuvo marcado por un decisivo salvavidas político del propio fujimorismo. Aunque la propuesta original fue presentada por el congresista Alejandro Muñante, la oposición había logrado frenar y congelar el proyecto en el Pleno a finales de 2024. Sin embargo, Fuerza Popular forzó inmediatamente una reconsideración a través del legislador Arturo Alegría y, posteriormente, la bancada votó en bloque para reactivar la ley, que terminó siendo sustentada por Fernando Rospigliosi en la Comisión de Constitución. Tras este rescate parlamentario, el partido naranja ha terminado siendo el único beneficiado al evitar transparentar los nombres de sus mayores contribuyentes.
