El gerente regional de imagen del Gobierno Regional de La Libertad, Miguel Urbina, se pronunció sobre el reportaje del programa dominical Cuarto Poder que cuestionó la inversión de S/479 mil en campañas digitales para promocionar obras de la gestión del exgobernador César Acuña. Urbina calificó la portada como “100% tendenciosa” y aseguró que busca perjudicar la imagen de la institución.
El funcionario explicó que la publicidad estatal se realiza bajo estrictos lineamientos de la ley de publicidad en época electoral, y que ninguna acción de comunicación favorece directa o indirectamente a algún candidato o partido político. “Nos cuidamos en extremo y hemos reportado todos los contenidos en redes sociales y medios radiales al Jurado Nacional de Elecciones, quien aprueba o solicita retirar los contenidos que podrían vulnerar la neutralidad”, señaló.
Urbina detalló que la campaña digital fue planificada desde julio del año pasado y ajustada a los plazos de la actualización de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, aclaró que el monto final invertido fue menor al inicialmente previsto, debido a la limitación de tiempo para ejecutar la publicidad. “El monto original era más de 400 mil, pero como solo quedaban dos meses, se hizo una adenda para invertir menos de 230 mil”, precisó.
El gerente destacó que la finalidad de las campañas fue informar a la ciudadanía sobre obras de utilidad pública, como el ingreso vial de Huanchaco y la comisaría del hospital Belén, bajo autorización y supervisión del Jurado Nacional de Elecciones, que en marzo ratificó que los contenidos no favorecían a ningún partido ni candidato.
Finalmente, Urbina enfatizó su disposición a colaborar con el Consejo Regional y responder a cualquier fiscalización, y lamentó que los reportajes “no verifiquen primero con los funcionarios antes de emitir información”.
La declaración del gerente llega en medio de cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en campañas de difusión digital justo después de que Acuña dejara el cargo para postular a la presidencia por Alianza para el Progreso, reafirmando la versión oficial del GORE sobre la legalidad y transparencia de la gestión comunicacional.
