Una figura desconocida para la mayoría, pero cada vez más visible en el entorno presidencial, ha encendido las alarmas. Se trata de Gina Gálvez Saldaña, militante de Somos Perú y sentenciada a cuatro años y ocho meses de prisión por el delito de negociación incompatible. A pesar de no tener vínculo laboral con el Ejecutivo, fue vista acompañando al presidente José Jerí en diversas actividades públicas y figura en los registros de visitas a Palacio de Gobierno con ingresos nocturnos que superan las once horas.
La sentencia contra Gálvez fue emitida en mayo de 2024, cuando se determinó que, como gerente general del Gobierno Regional de Áncash durante la gestión de Juan Carlos Morillo, favoreció la contratación irregular de personas allegadas. Además de la prisión efectiva, enfrenta una inhabilitación de cinco años y una reparación civil de 108 mil soles. Aunque apeló, el fallo continúa vigente y su caso se mantiene bajo revisión judicial.
Lejos de la discreción, la mujer continuó su trayectoria política. En 2024 fue contratada como asesora de la Comisión de Descentralización del Congreso, presidida por la parlamentaria Ana Zegarra, también de Somos Perú, con un sueldo de 12 mil soles. Su nombre volvió a sonar tras revelarse su presencia constante junto al mandatario, tanto en Palacio como en actos oficiales, lo que generó cuestionamientos sobre la falta de filtros en el círculo presidencial.
Tras el reportaje difundido por Panorama, Palacio de Gobierno admitió que Jerí y Gálvez mantienen un “vínculo de confraternidad”, aunque negaron una relación laboral. Sin embargo, el silencio del presidente ante el tema ha incrementado las sospechas. Una condenada por corrupción rondando los espacios más próximos del poder vuelve a poner en entredicho el compromiso ético del Gobierno y la transparencia dentro de Palacio.