Con una votación de 77 a favor y 33 en contra, el Senado de México aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones, que permite al Gobierno Federal acceder sin autorización judicial a los datos de usuarios de telefonía móvil.
Esta medida, que incluye el rastreo en tiempo real, la visualización de mensajes y la consulta del historial de llamadas, ha despertado serias críticas de organizaciones defensoras de derechos digitales y libertades civiles.
La norma establece que todos los ciudadanos deberán registrarse con datos como la CURP biométrica (en el caso de personas naturales) o el RFC (para empresas), mientras que los extranjeros deberán brindar su nombre, país de origen y número de pasaporte. Estos datos serán almacenados en un nuevo padrón nacional de telecomunicaciones, cuya administración estará a cargo del Estado.
Entre las atribuciones más controversiales de la ley está la obligación de las empresas operadoras a entregar la ubicación exacta del usuario, junto con información detallada sobre sus comunicaciones, como duración, contenido y dispositivos utilizados.
Todo esto podrá ser requerido por las autoridades sin necesidad de una orden judicial, lo que ha sido calificado por expertos como una amenaza directa al derecho a la privacidad.
Aunque el dictamen original contemplaba medidas más extremas, como el bloqueo de redes sociales, estas fueron retiradas. Sin embargo, la versión final aún plantea sanciones penales para las compañías que se nieguen a entregar la información solicitada.
El debate ahora gira en torno a los límites del poder estatal y la necesidad de preservar los derechos digitales de los ciudadanos en una era cada vez más vigilada.