El Gobierno declaró el estado de emergencia en diversas provincias y distritos del departamento de Piura por un plazo de 60 días, ante el incremento sostenido de delitos como extorsión, sicariato, robos y economías ilegales. La disposición, oficializada mediante decreto supremo, busca restablecer el orden interno mediante una intervención directa y coordinada de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en las zonas con mayor impacto criminal.
Las áreas priorizadas comprenden los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Catacaos, Sullana y Bellavista, así como las provincias de Paita y Talara, donde el Ejecutivo ejecutará medidas operativas, de inteligencia y fiscalización con mayor severidad. Estas acciones están orientadas a debilitar la estructura de las organizaciones delictivas y recuperar el control del territorio.
Tras la declaratoria, se dispuso la restricción de visitas en los establecimientos penitenciarios, el desmantelamiento de antenas de telecomunicación ilícitas y operativos de incautación de tarjetas SIM y celulares de procedencia irregular. Asimismo, se estableció el decomiso permanente de armas, municiones, explosivos ilegales y productos pirotécnicos, junto con la recuperación de espacios públicos vinculados a actividades criminales.
En las primeras 24 horas también se conformó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), además de comités distritales de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con un centro de operaciones permanente activo las 24 horas. Durante la vigencia de la medida, la PNP lidera el control del orden interno con apoyo de las FF. AA., reforzando el patrullaje, el control de identidad, la intervención de establecimientos y vehículos, así como el monitoreo de los centros penitenciarios para frenar las operaciones criminales dentro y fuera de las cárceles.
