El Gobierno prorrogó por sesenta días calendario el Estado de Emergencia en la provincia de Pataz y en el centro poblado de Chagualito, distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión, en el departamento de La Libertad. La medida regirá a partir del 5 de febrero de 2026, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 016-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, y responde a la persistencia de graves amenazas contra el orden interno vinculadas principalmente a la minería ilegal.
Durante este periodo, las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno en dichas jurisdicciones, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, a fin de enfrentar el accionar del crimen organizado. El Ejecutivo sustenta la decisión en informes técnicos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que advierten la continuidad de una amenaza de alta intensidad que ha superado el ámbito de la seguridad ciudadana y representa un desafío para la seguridad nacional.
El decreto también dispone la restricción o suspensión de determinados derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme a lo establecido en el artículo 137 de la Constitución. Asimismo, se declara la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz, desde las 22:00 hasta las 05:00 horas, exceptuándose a los servicios esenciales y a las personas que requieran atención médica urgente o adquisición de medicamentos.
La norma establece que la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional deberá regirse por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por los protocolos vigentes, especialmente en casos que involucren a personas en situación de vulnerabilidad. Finalmente, el Comando Unificado de Pataz deberá informar al Ministerio de Defensa sobre los resultados de las operaciones, elevándose un informe final a la Presidencia de la República y al Congreso, mientras que el financiamiento de las acciones se realizará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados.
