El Ejecutivo ha planteado un drástico recorte de S/ 519 millones al sector de Orden Público y Seguridad, restringiendo directamente el financiamiento para el patrullaje y las operaciones vecinales. En abierto contraste, la función de Defensa y Seguridad Nacional registrará un incremento sustancial, disparando los recursos para proyectos de inversión e infraestructura militar de S/ 665 millones a S/ 2,548 millones en tan solo doce meses.
Esta polémica redistribución de los fondos estatales ha generado fuerte rechazo entre especialistas y exautoridades del sector interior. Exministros como Carlos Basombrío y Ricardo Valdés calificaron la medida como un «contrasentido», señalando que resulta incomprensible restarle recursos a la Policía Nacional en medio de una severa ola de extorsiones y crimen organizado para priorizar la defensa ante un eventual conflicto externo. Solo el programa estratégico destinado al patrullaje por sectores y dotación de servicios básicos contra la delincuencia urbana sufrirá una reducción operativa de S/ 384 millones, limitando drásticamente la capacidad de respuesta policial en las calles.
Por su parte, la millonaria bonanza económica en el sector Defensa se concentrará principalmente en tres megaproyectos impulsados por las Fuerzas Armadas. El mayor desembolso, ascendente a S/ 881 millones, se destinará a la recuperación integral de la Base Aérea de La Joya en Arequipa, con miras a albergar una futura flota de aviones de combate F-16. A esto se suman S/ 527 millones para la Fuerza de Superficie de la Marina de Guerra en el Callao y S/ 400 millones para el desarrollo de la industria naval; millonarias inversiones que, aunque justificadas por el rezago tecnológico de las instituciones, despiertan críticas sobre su urgencia real frente a la crisis de inseguridad que desangra al país.
