El Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó un dictamen que endurece las sanciones contra quienes ingresen celulares y equipos de comunicación a los establecimientos penitenciarios del país. La iniciativa busca frenar las operaciones de extorsión, sicariato y crimen organizado que continúan siendo dirigidas desde las cárceles mediante el uso ilegal de estos dispositivos.
El nuevo marco legal establece penas más severas para quienes ingresen, intenten ingresar o faciliten el ingreso de celulares, sistemas de comunicación, cámaras fotográficas o equipos de filmación a penales y centros juveniles. Las condenas podrían alcanzar hasta 15 años de prisión.
La propuesta fue aprobada con 100 votos a favor, cero en contra y una abstención. Además, el Parlamento decidió exonerar el dictamen de segunda votación para acelerar su entrada en vigencia. La norma modifica el Código Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo 1688.
Asimismo, la ley contempla sanciones agravadas para autoridades, abogados, servidores públicos y funcionarios del Estado que participen en estos actos ilícitos.
