Tras las fuertes críticas de los diversos sectores de la sociedad, que agradece a los militares y policías por haber derrotado el terrorismo y haber salvado la democracia en Perú, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) se corrigió y ahora asegura que los juicios contra los uniformados no pueden ser eternos.
En un comunicado del 13 de agosto de 2024, la Iglesia Católica se mostró rabiosamente en contra de la Ley 32107, que señala que delitos de lesa humanidad se inician desde el 2002 en adelante, y no anteriores a ese año, como quieren las ONG de derechos humanos y grupos que vienen persiguiendo a los militares y policías por más de 40 años.
“La justicia es para todos; por eso, los procesos judiciales que busquen genuinamente la verdad no pueden tener una duración cruel e irrazonable. La justicia que tarda no es justicia”, manifestó en comunicado del 23 de agosto de 2024 la CEP, respecto a la ley que precisa que los hechos sucedidos antes del 2002 sí pueden prescribir.
En otra parte del documento, los obispos y arzobispos expresan que son las instituciones competentes las encargadas de zanjar cualquier cuestión relacionada con la validez de la Ley 32107. El Episcopado de Perú aprobó, además, por unanimidad, la reestructuración y reorganización de la CEP, que actualmente tiene un sesgo comunista.
