La Primera Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria – San Luis (Quinto Despacho Provincial Penal) dispuso el archivo definitivo de la investigación por el homicidio calificado de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso de la República de 27 años. La exservidora pública fue acribillada a balazos en diciembre de 2024 mientras se trasladaba en un taxi conducido por el ciudadano venezolano José Daniel Vargas Briceño, perdiendo la vida días después debido a la gravedad de las heridas.
Según la disposición oficial, el Ministerio Público justificó el cierre del caso argumentando que no se alcanzaron los presupuestos exigidos para continuar con la etapa preparatoria, al no lograr acreditar la responsabilidad de los indagados ni identificar a los autores materiales e intelectuales del hecho violento. Con este fallo, el sistema de justicia liberó de los cargos al grupo de sospechosos, el cual tenía como principal investigado a la expareja de la agraviada, David Rodrigo Falcón, además de Thonny Monja Mejía, Lucero Espinoza Chinchay, Santiago More Calderón y David More Ríos.
Este cuestionable cierre judicial sella por completo un expediente que inicialmente destapó graves hipótesis sobre presuntas actividades ilícitas en el entorno del Poder Legislativo. Como parte de las pesquisas iniciales, las autoridades abrieron una causa independiente por una supuesta red de prostitución vinculada a la sede del Parlamento, cuyas diligencias alcanzaron al exjefe de la Oficina Legal del Congreso y exjefe de la víctima, Jorge Torres Saravia. Sin embargo, en una muestra de la opacidad que ha rodeado este crimen desde el principio, ese extremo del caso ya había sido archivado de manera definitiva en febrero de 2026.
