
La diputada electa por San Martín, Jacqueline Tapullima (Juntos por el Perú), afronta una gravísima investigación fiscal por presunta falsa declaración en procedimiento administrativo y delito contra la fe pública. Las indagaciones señalan que el Anexo 11, documento fundamental para posibilitar su postulación en las elecciones generales de 2026, presenta firmas y huellas dactilares adulteradas. Según la hipótesis fiscal, su inscripción se habría realizado de forma premeditada para cumplir formalmente con el requisito de paridad de género en la lista parlamentaria.
Los rigurosos peritajes dactiloscópicos y grafotécnicos elaborados por la Policía Nacional del Perú confirmaron de manera científica la falsificación en los documentos presentados. La huella dactilar estampada arrojó un conteo de siete crestas papilares, difiriendo drásticamente de las cinco que registra su Reniec, mientras que la rúbrica evidencia una clara imitación servil. Incluso, las autoridades detectaron que la investigada intentó alterar el diseño de su firma oficial al renovar recientemente su DNI para asemejarla al acta.
A pesar de la contundencia de las pruebas policiales, la parlamentaria electa evitó someterse a las pericias fiscales e invocó recientemente su derecho constitucional a guardar silencio. Expertos penalistas advierten que estos graves delitos consumados conllevan penas de hasta ocho años de cárcel; sin embargo, al haber recibido ya sus credenciales oficiales y ser un cargo irrenunciable, asumirá su escaño en el nuevo Parlamento bicameral protegida por la inmunidad.


