El gobierno de José Jerí oficializó la ley que habilita la carretera UC-105, una vía que atraviesa uno de los territorios con mayor presencia de economías ilícitas en la Amazonía peruana. El proyecto, impulsado por la bancada de Fuerza Popular y aprobado con rapidez en el Congreso, conecta Pucallpa con Atalaya hasta llegar a Puerto Breu, justo en la frontera con Brasil. Es un corredor donde —visto desde imágenes satelitales— la selva retrocede ante cultivos ilegales de coca, trochas recién abiertas y narcopistas que alimentan un tráfico criminal transfronterizo.
Investigaciones periodísticas, como la reciente de Epicentro TV, evidencian cómo la deforestación avanza de la mano del narcotráfico y de la minería ilegal en la zona donde ahora el Estado pretende construir infraestructura. Aun así, la autora del proyecto, la congresista fujimorista Jenny López, no ha explicado cómo se controlará el impacto en un territorio tomado por redes de mochileros, concesiones madereras cuestionadas y presencia creciente de grupos criminales.
Las comunidades indígenas de la zona —lejos de respaldar la carretera— han conformado una Comisión Transfronteriza para oponerse al proyecto. Representantes de 13 pueblos indígenas de Perú y Brasil advierten que la vía pone en riesgo sus territorios, su seguridad y el bosque que los sostiene. “Los bosques no están en venta y el río no es negocio”, señalaron en declaraciones recogidas por Mongabay.
Los temores no son infundados. El trazado de la UC-105 se superpone a espacios donde operan organizaciones criminales que controlan cultivos, rutas y pistas clandestinas. Monitoreos satelitales muestran un patrón claro: a medida que se abren caminos, aumentan los parches de deforestación, los sembríos de coca y la infraestructura ilegal. Incluso autoridades brasileñas han confirmado que el Comando Vermelho ya opera en territorio peruano, consolidando un circuito criminal que mezcla narcotráfico, minería ilegal, tala y ocupación de tierras.
Expertos en seguridad de Brasil y Perú alertan que la carretera puede replicar un fenómeno ya visto en otras zonas amazónicas: la apertura de vías estatales desencadena una acelerada expansión criminal en territorios donde el Estado tiene presencia mínima. Y, esta vez, el impacto alcanzará no solo a la Amazonía peruana, sino a toda la frontera compartida.
