
El nuevo presidente interino de la República, José María Balcázar, no llega al cargo sin un pasado marcado por controversias y múltiples cuestionamientos públicos. En 2023, cuando presidía la Comisión de Educación del Congreso, generó una fuerte reacción social y mediática por sus declaraciones en las que justificaba el matrimonio infantil, y se abstuvo de votar una propuesta para prohibirlo, lo que fue ampliamente criticado por organizaciones de defensa de derechos de los niños y mujeres.»El matrimonio infantil y las relaciones sexuales a esa edad hacen que se vuelvan más maduros», exclamó.
Además de sus opiniones polémicas, Balcázar enfrenta una acusación fiscal por presunta apropiación ilícita de fondos durante su gestión como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, en la que supuestamente ordenó depósitos de ingresos institucionales en cuentas personales. Esta situación derivó en su expulsión definitiva de ese colegio profesional, una medida confirmada por el Tribunal de Honor, que también expresó su rechazo a su candidatura a la presidencia del Congreso.
El presidente interino también ha sido vinculado en investigaciones por presuntos delitos como prevaricato, fraude, estafa, suplantación de identidad y cohecho, además de estar incluido en una denuncia constitucional por presunta corrupción en un caso que involucra a la fiscal Patricia Benavides. Más aún, en 2025 un juez ordenó que Balcázar pague 50 mil soles como reparación civil por un caso de difamación, aunque logró evadir sanciones penales por prescripción debido a su edad.
Estas controversias han seguido marcando su carrera política, incluso cuando regresó a las filas de Perú Libre tras un paso por la bancada Perú Bicentenario. Su ascenso a la presidencia interina ha generado críticas sobre la idoneidad de su liderazgo en un periodo de fragilidad institucional, con sectores que cuestionan su historial y su enfoque sobre temas sensibles para el país.


