Los diputados de las bancadas de Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras presentaron de manera conjunta el Proyecto de Ley 00719/2026-CR, una propuesta orientada a conceder una amnistía general a todas las personas investigadas, procesadas o condenadas por hechos vinculados al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y a las violentas protestas sociales desatadas en el país a partir del 28 de julio de 2021.
Alcances sobre el 7 de diciembre y las protestas
De acuerdo con el articulado del documento, la medida abarca los actos previos, redacción, lectura, difusión y ejecución del mensaje a la Nación emitido por el exmandatario el 7 de diciembre de 2022, incorporando expresamente en el anexo de beneficiarios a figuras como Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta. Asimismo, la propuesta comprende los hechos ocurridos durante las movilizaciones ciudadanas posteriores —tales como bloqueos de vías, disturbios y enfrentamientos con las fuerzas del orden—, argumentando que busca cumplir con recomendaciones internacionales, como la Opinión 78/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, y fomentar la pacificación nacional.
Exclusiones, reparaciones civiles y debate político
No obstante la amplitud de la medida, el texto precisa estrictas exclusiones legales: quedan fuera del beneficio aquellos hechos que hayan producido la muerte de personas, lesiones graves dolosas, delitos de violencia sexual, tortura, secuestro, desaparición forzada y graves violaciones a los derechos humanos, así como los delitos de corrupción y lavado de activos cometidos por funcionarios públicos. La norma también estipula que la amnistía no exime de las responsabilidades ni de las obligaciones de reparación civil frente a terceros agraviados. El proyecto deberá iniciar ahora su debate formal en las comisiones ordinarias del Congreso, donde ya anticipa un intenso enfrentamiento entre las fuerzas oficialistas y la oposición.
