Juntos por el Perú elevó su ofensiva legal en el contexto postelectoral al presentar una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja. La acusación fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y sostiene que existieron presuntas irregularidades en la gestión y traslado del material electoral proveniente del extranjero durante la segunda vuelta presidencial.
A través de su personero legal, la agrupación argumenta que la suspensión del escaneo digital de actas y otros cambios operativos habrían afectado la cadena de custodia del material electoral. Entre los cuestionamientos figuran la fusión de mesas de sufragio, la designación de miembros de mesa por autoridades consulares y el traslado físico de actas mediante valijas diplomáticas, lo que, según el partido, genera dudas sobre la transparencia del proceso.
Frente a estas acusaciones, la Cancillería rechazó cualquier señalamiento de manipulación o interferencia en los comicios. El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que todas las actuaciones se realizaron conforme a la normativa electoral vigente y en coordinación con la ONPE. Además, precisó que la decisión de no utilizar el aplicativo de escaneo en la segunda vuelta respondió a problemas técnicos detectados previamente y aseguró que la cadena de custodia del material electoral se mantuvo intacta durante todo el proceso.
