La presidenta de la República, Keiko Fujimori, fue denunciada penalmente ante la Fiscalía de la Nación por presunta omisión de actos funcionales relacionada con la permanencia de María Aurora Caruajulca Quispe al frente de la Procuraduría General del Estado. El recurso fue presentado el 24 de septiembre y también comprende al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez.
Según la denuncia, ambos habrían tenido la obligación de declarar la vacancia de Caruajulca debido a que mantenía un proceso penal activo que, de acuerdo con el documento, no habría sido informado cuando fue restituida en el cargo. Caruajulca volvió a la Procuraduría en mayo de 2024 por mandato judicial, mediante la Resolución Suprema N.° 099-2024-JUS.
En enero de 2026, el Décimo Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte la halló responsable en primera instancia por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en un caso relacionado con la entrega tardía de información cuando ejercía como procuradora de la Municipalidad de Comas. La decisión fue apelada.
La denuncia también alcanza a los expresidentes Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, además de exministros de Justicia, bajo el argumento de que durante sus respectivas gestiones también pudieron adoptar medidas respecto de la permanencia de Caruajulca.
