El Colegio de Abogados de La Libertad (CALL) emitió un comunicado oficial en sus diferentes redes sociales, donde expresaba su profundo rechazo con respecto a la reciente designación de Maricarmen Olórtegui como representante de la Defensoría del Pueblo, basándose en que la presente situación atenta contra la Constitución Política.
Esto se debe a que Olórtegui tiene un cargo directivo en el partido político de Alianza Para el Progreso (APP), si bien renunció hace un par de días. Además, no cumple con el perfil ideal para la ocupación del cargo cuyas funciones están ligadas a la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de las personas y la comunidad.
El Tribunal Constitucional indica que la condición de funcionario o servidor público no se identifica, debido a un tipo de contrato o vínculo de un trabajador público, sino por el desempeño de las funciones públicas en las diversas entidades del estado de manera imparcial y objetiva.
“Por ello, la designación para tales cargos en sus tipos de confianza o concurso responde a su capacidad cualificada al cargo, méritos a razón de la experiencia profesional, habilidades de gestión o profesionalización, idoneidad para el cargo al que postula y comportamiento ético, entre otras que se estime pertinente en función del cargo y especialidad”, se lee en el comunicado de la Orden de Abogados.
