Hasta el mes de noviembre, la Defensoría del Pueblo en La Libertad detectó dos nuevos conflictos sociales que urgen de la atención de las autoridades regionales y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a fin de prevenir hechos de violencia. Estos se dan en las provincias de Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.
Casos nuevos
El primer caso corresponde a los integrantes del caserío de Shiracmaca (Sánchez Carrión), quienes denuncian que la empresa minera Summa Gold afecta sus redes de abastecimiento de agua potable. El segundo caso agrupa a la Central Única de Rondas Campesinas del distrito de Santa Cruz de Chuca (Santiago de Chuco), quienes expresan su rechazo a las actividades de exploración minera en el proyecto Supaypacha de la empresa Fresnillo Perú. Ambos conflictos son de tipo socioambiental.
Casos latentes
En tanto, otros conflictos que ya se tenían registrados anteriormente son los que tienen los pobladores del caserío La Ramada, en la provincia de Sánchez Carrión, con la Compañía Minera Tahoe Perú, a quienes exigen el pago de una indemnización por las vibraciones y el polvo generados con las voladuras que se realizan en la unidad minera La Arena.
Asimismo, en la provincia de Otuzco, el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Agricultura del Cerro Urpillao, demanda el retiro del proyecto minero Eposuyay por el impacto que generaría en la cabecera de la cuenca del cerro Urpillao y la afectación del agua que consume la población del lugar.
Casos laborales
Otro caso involucra a los trabajadores mineros de la compañía Quiruvilca (Santiago de Chuco), quienes solicitan a la referida empresa el pago de sus remuneraciones y gratificación desde el 2017, beneficios de los pactos colectivos y que se continúe con los subsidios de servicios que proveía la mina a los trabajadores (educación, salud, agua potable y electricidad).
Ante ello, el defensor del Pueblo en La Libertad, José Luis Agüero, advirtió la necesidad de que estos conflictos sean prevenidos. Por ello, informó que ha cursado comunicaciones al Gobierno Regional y a la PCM, a fin de que actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades, y no esperen a que los conflictos escalen para intervenir.
A nivel nacional
Cabe mencionar que según el Reporte de Conflictos Sociales N° 201, correspondiente al mes de noviembre de 2020, a nivel nacional se registran 198 conflictos sociales, de los cuales 147 se encuentran activos y 51 latentes.