La Contraloría General detectó que la Municipalidad Provincial de Bolívar, en La Libertad, contrató con diferentes consorcios para el mantenimiento periódico y rutinario de ocho de nueve caminos vecinales presupuestados en el 2020, los cuales no cumplían con los requisitos establecidos en las bases.
Esto, afectó la imparcialidad en la contratación pública y la posibilidad de contratar en mejores condiciones económicas con una diferencia de S/ 953 994,40, monto que la entidad pudo economizar.
Hechos
En el Informe de Control Específico N.º 29280-2021-CG/GRLIB-SCE, se detalla que el área usuaria responsable de formular los términos de referencia consideró en la etapa de presentación de las ofertas, que los postores debían presentar una declaración jurada de compromiso de entrega de seguros y un plan para la vigilancia, prevención y control del covid-19, requisitos que estaban al margen de la normatividad aplicable.
Ambas exigencias fueron mantenidas por el comité de selección, al elaborar las bases, en los documentos de presentación obligatoria; con lo cual desestimó algunas ofertas. Además, elevó la experiencia del proveedor en la especialidad limitando con ello la libre concurrencia de postores; y aplicó diferentes criterios en la admisión y evaluación de las ofertas para el otorgamiento de la buena pro.
Asimismo, permitieron la suscripción del contrato con 8 diferentes consorcios, a pesar de que no acreditaron la totalidad de los requisitos establecidos en las bases; tales como experiencia del postor en la especialidad, residente del servicio, asistente del residente y la antigüedad de los equipos propuestos. Sumado a ello, se advirtió que algunos de los consorcios ganadores de la buena pro estaban conformados por las mismas empresas.
Responsables
Por todo lo expuesto, la Contraloría comunicó los hechos al alcalde de la Municipalidad Provincial de Bolívar, para que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan; y al procurador público especializado en delitos de corrupción para el inicio de las acciones legales penales contra los cinco funcionarios y/o servidores públicos comprendidos en las irregularidades ocurridas entre julio y octubre de 2020.