Amparados en una orden del Poder Judicial, la Policía recuperó ocho hectáreas de terreno, ubicadas en el caserío Coigobamba, provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad, que por años servían de guarida de mineros ilegales que habían extendido una red de socavones ocultos entre las plantaciones de un bosque.
La diligencia policial se realizó este miércoles luego que el juez del Juzgado Civil de Huamachuco, Gerardo Mestanza García, emitiera una sentencia que ordenó la entrega del terreno a la empresa minera Summa Gold en cumplimiento de un acuerdo de servidumbre que tendría vigencia hasta el 2053.
La orden judicial se efectuó con apoyo del contingente policial ante el temor de la presencia de delincuentes que se dedican a la extracción ilegal de minerales. Cerca de doscientos efectivos policiales de la Unidad de Servicios Especiales (USE) ingresaron por la tarde al mencionado caserío. Y los primeros que salieron fueron algunos miembros de la ronda que apoyan la ilícita actividad.
La policía tuvo que repeler el ataque para desalojar a los ilegales que incluso prendieron fuego a algunas plantaciones. La familia Polo Espejo, asentada en las 8 hectáreas, cuestionaron la ejecución de la diligencia junto a su abogado Lenin Bazán; sin embargo, la autoridad judicial logró llevar a cabo la demarcación del área que será entregada a la empresa Summa Gold Corporation. El robo de mineral contra el estado peruano terminó ayer en esta parte del bosque.