Incentivo legal para la destrucción de los bosques
La polémica Ley 31973, conocida como la «Ley Antiforestal», se encuentra en el centro del debate por su presunto rol en la crisis ambiental y la ola de siniestros que atraviesa el país. Según la periodista de investigación Yvette Sierra, de Mongabay Latam, la norma estaría generando un perverso incentivo para la deforestación y la quema de bosques en la Amazonía peruana al facilitar la regularización de terrenos que perdieron su cobertura original. En esa línea, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) advirtió que estos cambios a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre debilitan drásticamente los requisitos técnicos para la clasificación de tierras, allanando el camino para actividades agrícolas en zonas protegidas y beneficiando directamente a la expansión agroindustrial y al tráfico de terrenos.
Rechazo internacional y pedido de derogatoria
El impacto de la cuestionada legislación ha trascendido las fronteras y generado un fuerte rechazo social. La SPDA denunció que la norma fue impuesta sin un proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, lo que además representa un grave incumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por el Estado peruano, como el Acuerdo de París. Esta situación de vulnerabilidad ecológica e institucional ha provocado la preocupación oficial de las embajadas de Canadá, Noruega, Reino Unido y Alemania, sumándose a las movilizaciones ciudadanas en diversas regiones. Frente a este panorama, los especialistas exigen la derogatoria de la ley y demandan el diseño de mecanismos de formalización que garanticen la conservación de los bosques y el respeto a las comunidades nativas.
