Aunque el Ministerio de Justicia declaró inadmisible un reciente pedido de indulto para Pedro Castillo, la posibilidad de una eventual gracia presidencial desde el Gobierno de José María Balcázar continúa generando debate político y atención pública.
Actualmente, Castillo mantiene una condena en primera instancia por conspiración para la rebelión y además afronta prisión preventiva por presuntos casos de corrupción. Debido a que no cuenta con una sentencia firme en segunda instancia, no cumple con los requisitos legales para acceder a un indulto común. Sin embargo, expertos señalan que sí podría evaluarse una gracia presidencial, figura que aplica a procesados sin sentencia definitiva.
El panorama tomó fuerza luego de que el programa Punto Final revelara una serie de movimientos dentro de la Comisión de Gracias Presidenciales. Entre ellos, modificaciones al reglamento publicadas el 20 de febrero en el diario oficial El Peruano, las cuales permiten que la comisión sesione virtualmente y que los trámites sean gratuitos y digitales.
Uno de los cambios más comentados es que ahora la Secretaría Técnica puede adecuar el tipo de solicitud presentada. Es decir, si una persona pide un indulto, la comisión podría reconvertir el trámite en una gracia presidencial o viceversa. El secretario técnico de esta comisión es Jhoner Michael Quispe Romani, quien tiene un rol clave en la admisión de expedientes.
También llamó la atención la reciente designación de la abogada Lesli Gonzales Cabanillas como integrante de la comisión. La nueva miembro es natural de Chota, ciudad natal de Pedro Castillo, y proviene de una familia vinculada al sector educación, al igual que el expresidente.
Otro integrante que continúa en funciones es Martín Antonio Salgado, quien permanece desde el gobierno de Castillo. Actualmente, la comisión cuenta con cuatro de sus cinco integrantes activos y requiere tres votos unánimes para aprobar una gracia presidencial.
Además, se conoció que el pedido de indulto declarado inadmisible el pasado 30 de abril no correspondería al presentado en febrero por el abogado Walter Ayala, sino a otra solicitud realizada directamente por Pedro Castillo durante abril. Desde 2023, el exmandatario acumula al menos cinco pedidos relacionados con beneficios presidenciales, todos rechazados hasta el momento.
