
Un total de 3,875 miembros de la Policía Nacional del Perú han sido investigados por hechos relacionados a la violencia de género entre los años 2018 y 2025. Los alarmantes reportes del Ministerio del Interior y del Tribunal de Disciplina Policial incluyen acusaciones graves por feminicidio, tentativa de feminicidio, así como maltrato físico, psicológico y sexual. Del universo de agentes procesados, el 94% de los acusados ostenta el grado de suboficiales.
La impunidad dentro de la institución policial genera una honda preocupación en diversas organizaciones civiles y de defensa de los derechos de las mujeres. Las estadísticas oficiales muestran que el 69% de las denuncias interpuestas contra los agentes son archivadas debido al retiro de la imputación, caducidad o absolución. Esta preocupante falta de sanciones efectivas permite que efectivos con antecedentes de agresiones continúen portando armas de fuego en servicio activo.
Diversos casos ilustran la gravedad de esta problemática al interior del país, destacando los crímenes cometidos por efectivos como José Villafán y Erik Villogas. Ante este escenario, la presidenta de la organización Familias Unidas por Justicia, Katherine Flores, criticó con dureza la arraigada cultura machista institucional. La activista denunció la persistente falta de protocolos efectivos y la nula voluntad de autodepuración para apartar permanentemente a los agresores de la fuerza policial.


