Una barrera estructural frente a servicios esenciales
,iles de ciudadanos indígenas en el Perú continúan enfrentando una grave exclusión estructural al intentar acceder a servicios básicos del Estado. A pesar de que la Ley 29735 reconoce el derecho inalienable de toda persona a ser atendida en su lengua materna y a disponer de medios de traducción oficial, la realidad revela una profunda brecha de cobertura. Según cifras del Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias (ReNITLI), actualmente existen cerca de 850 intérpretes acreditados, pero estos solo cubren 39 de las 48 lenguas originarias reconocidas en el país. Esto significa que nueve idiomas indígenas carecen por completo de representación oficial, obligando a las comunidades predominantemente monolingües a depender de familiares o dirigentes comunitarios para poder comunicarse con las autoridades.
El impacto de no ser comprendido: sin justicia ni salud
Especialistas en interculturalidad y traductores oficiales advierten que la carencia de profesionales va mucho más allá de un simple problema de comunicación: vulnera de manera sistemática los derechos fundamentales. En el ámbito judicial, la intérprete de shipibo-konibo Lourdes Paredes señala que la falta de traductores provoca que las audiencias se posterguen indefinidamente o que las sentencias se emitan sin que el acusado haya comprendido los cargos ni podido ejercer una defensa adecuada bajo presión. A esto se suma el desafío cultural de traducir conceptos jurídicos o médicos, como delitos, condenas o diagnósticos, que no existen en el vocabulario tradicional de los pueblos originarios. Por ello, si bien el Estado ha implementado esfuerzos como la atención intercultural en hospitales y la capacitación de más de 44 peritos en el Poder Judicial, los expertos exigen ampliar urgentemente los cursos de formación para garantizar que ningún peruano quede desprotegido ante el Estado por el simple hecho de hablar su propio idioma.
